Por elCaribe
Los partidos de oposición han tenido varias sentencias en contra en los tribunales del país en los que se dirimen los conflictos y delitos electorales.
La oposición política ha perdido los dos casos más importantes que ha presentado ante los tribunales que dirimen los conflictos electorales. El pasado 26 de marzo, el Tribunal Superior Administrativo rechazó un amparo de extrema urgencia que depositaron los partidos de oposición para obligar al Gobierno a que les entregue el 50% de los recursos faltantes para la campaña electoral.
Antes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló la alianza que dio la victoria al candidato de la oposición, Trajano Vida Potentini, en la competencia por la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). La decisión de la corte electoral generó un debate sobre la competencia de ese tribunal para conocer también de los conflictos de los gremios profesionales.
Sobre ese mismo caso, el TSA declaró inadmisible un recurso que presentó el candidato a la presidencia del CARD, Joel López, “por entender que existen otras vías para accionar”.
El TSE también le falló en contra al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el caso de la batalla por la alcaldía de Dajabón. El caso llegó a la corte electoral, luego de que en un reconteo la junta electoral de Dajabón declaró ganador al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actual alcalde, Santiago Riverón.
En el escrutinio de las boletas había resultado electa con la diferencia de un voto la candidata del PLD, Fiordaliza Ceballos, pero en el reconteo salió beneficiado Riverón con una ventaja de cuatro votos. El TSE rechazó la revisión de votos nulos que hizo el PLD “porque la revisión se hizo de conformidad con el artículo 277 de la Ley 20-23”.
Los partidos de oposición se han quejado por la supuesta parcialidad de los tribunales para favorecer al partido de gobierno.
En tanto, sobre el fallo del TSA relacionado con los recursos que exigen las organizaciones políticas, la alianza Rescate RD dijo que no admitirá ese tipo de abusos. “En tal virtud, desde la Alianza Rescate RD manifestamos nuestro más rotundo rechazo a esta decisión, por considerarla injusta, antidemocrática y violatoria de preceptos constitucionales. Instamos al gobierno del presidente Abinader a que cumpla con el mandato del artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral y con las dos comunicaciones del pleno de la Junta Central Electoral en las que se exige la entrega de estos recursos a los partidos políticos”, expuso Miguel Vargas en un acto celebrado la pasada semana por los principales líderes de los partidos de oposición para ratificar la unidad electoral.
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